Nada más lejos de nuestra intención que el de producir el más mínimo perjuicio a las personas que a día de hoy mantienen vivo el entorno rural con su trabajo: agricultores y ganaderos.

Nos parece que saber es la mejor forma de defender sus derechos, al mismo tiempo que los de otros muchos colectivos. Solo queremos poner luz sobre un asunto que da lugar en ocasiones a conflictos de intereses y que en definitiva no deja de ser un lastre más en la ardua tarea de mantener con vida el frágil entorno rural: el uso de los caminos públicos.

Toda la información la hemos obtenido de estas web de referencia:

Sobre el uso de caminos públicos

Mª Esperanza Serrano Ferrer es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza en el año 1995 y Secretaria-Interventora de Administración Local desde 2002. Ha prestado servicios en el Ayuntamiento de Torrente de Cinca (Huesca) y en la actualidad desarrolla sus funciones en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza). Está especializada en Derecho Local de Aragón.

Qué son

Caminos rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos o con fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería. De tal manera que, dentro del concepto de caminos rurales cabría distinguir entre:

  • caminos vecinales (que enlazan unas vecindades con otras),
  • de los rurales en sentido estricto:

ambos son caminos públicos a efectos de su conservación y reivindicación.

De quién son

Los caminos públicos son bienes de uso y dominio público. El carácter público o privado dependerá de la naturaleza del suelo sobre el que transcurren.

Camino público es aquel cuyo suelo es público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código Civil y por todas STS de 27 de mayo de 1995).

La jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de dominio y uso público del camino.

Quién es responsable de ellos

La conservación de caminos y vías rurales constituye, según el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) y artículo 42.2.d) de la Ley de Administración Local de Aragón (7/99), una competencia local, valorada como determinante de la imputabilidad de los hechos al Ayuntamiento (art. 90 de la Ley 7/99 y 38 TRRL para entidades locales menores).

Quién puede determinar el modo de uso sobre ellos

La competencia municipal en materia de vías públicas alcanza tanto a las urbanas como a las rurales y es obligación de las Entidades Locales mantenerlas en buen estado de conservación. Las vías públicas rurales constituyen en cuanto a su utilización un supuesto de “uso común general”, no sujeto a licencia o autorización, estando su uso permitido por igual a todos.

De la lectura del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales 2/2004 deducimos que no concurren los requisitos para establecer tasa o precio público ni en el listado del artículo 20 encontramos ninguna referencia que nos induzca a pensar que se puede exigir tasa por utilización de los caminos públicos municipales; a menos que se trate de un uso intensivo que produce en el camino municipal unos daños que habrán de ser reparados por aquellos que los han producido, estando obligados a reponer los caminos a su estado anterior.

Si la no reparación del camino produce un daño, estaríamos ante el tema del principio general y amplísimo de la responsabilidad objetiva de la Administración. Si el daño al camino lo ha producido un particular, una vez determinado el autor o autores del daño se les puede y se les debe obligar a la reparación del camino reponiéndolo a la situación en que se encontraba antes de la producción de los daños (orden de ejecución previa a la ejecución subsidiaria para la restauración de la legalidad).Es aconsejable aprobar una Ordenanza de Caminos en la que regulen el régimen de infracciones y sanciones que, tras la reforma de la LRBRL 7/85 por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas de modernización del Gobierno Local (art 139 y 140), tiene plena cobertura legal.

Pin It on Pinterest

Share This